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El libro sobre el que versa este comentario no es de reciente publicación, pues vio la luz en febrero de 2016 y se encontraba en la balda de mi librería en la que tengo por costumbre depositar los libros pendientes de leer y en este caso, como en otras ocasiones, me he demorado quizá demasiado a la hora de leerlo. Eso sí, una vez que uno inicia su lectura es imposible no terminarlo.
No siendo un libro de reciente aparición me ha parecido oportuno dedicarle esta reseña por el valor histórico que tiene la persona sobre la que gira este ensayo y para que no pase de puntillas lo que en él se recoge. Aunque sea de forma modesta, es imprescindible rescatar del olvido y que no pase de forma desapercibida lo que fue la II República en Navarra y lo que vino con posterioridad de la mano del golpe de Estado de julio de 1936. Siempre hay que tener presente que desde Navarra el general Mola planificó el golpe militar y la estrategia represiva que los golpistas pusieron en marcha contra la población que no profesaban su ideología[1].
Bajo el título “Nuestro pueblo despertará. David Jaime y la República vasconavarra” (Editorial Txalaparta), el autor, Jose Mari Esparza Zabalegi hace un recorrido por la vida del político republicano navarro David Jaime Dean y los acontecimientos históricos que vivió, en muchos de los cuales el protagonista de este ensayo fue uno de los políticos navarros que más brillaron a lo largo de los años de la II República y posteriormente en el exilio. Quizá sea el representante más destacado del republicanismo navarro euskaldun de izquierdas. Su abnegado trabajo en favor de unos ideales que supusieran la transformación de la Navarra tradicional y clerical en una Navarra republicana, progresista y laica, le hizo estar en la primera línea de la política navarra a lo largo del periodo de la II República, llegando a formar parte de la Gestora de la Diputación de Navarra entre los años 1931-1933 y posteriormente sería miembro del Consejo de Navarra en el exilio, ejerciendo de facto la presidencia de este organismo, así como de su Comisión Permanente.
En estos momentos en los que estamos observando con preocupación las agresiones a la Memoria Histórica por parte de los que quieren silenciar todo lo que ocurrió tras el golpe de Estado de julio de 1936 y de los anhelos de algunos por volver a repetir un golpe de Estado de las mismas características, este libro es un recordatorio de lo que representaron una generación de políticos republicanos navarros que en palabras de Jose Mari Esparza lucharon por una “Navarra, laica, republicana, de izquierdas, euskaldun y unida, sin perder su autonomía, al resto de Euskal Herria”.
Tengo que decir que hasta la lectura de este libro desconocía quien fue el republicano David Jaime Dean. Fue uno de estos políticos que han sido pasto del olvido. Sobre él se depositó una ingente capa de polvo producto de los largos años de dictadura. Esa forma tan especial de dar cerrojazo a una parte de la historia: los años de la República, el golpe de Estado y la represión franquista.
La labor de escribir la biografía del político republicano tafallés, David Jaime Dean, ha corrido de la mano de otro tafallés, Jose Mari Esparza Zabalegi y publicado por el editorial Txalaparta, sito en Tafalla. En este caso parece que David Jaime si ha sido profeta en su tierra.
El libro que consta de algo más 300 páginas, alterna las vicisitudes de David Jaime con el relato de los acontecimientos históricos en los que el político navarro fue uno de los actores principales. Una de las características más destacables de esta obra es el trabajo de documentación que hay detrás de ella, algo que no es nuevo en el autor. Si por algo destacan cualquier obra que ha publicado Jose Mari Esparza, es por su meticulosidad a la hora de documentar lo recogido y este ensayo no ha sido una excepción.
A lo largo de la obra el autor nos va desgranando la historia del republicanismo en Navarra, desde sus inicios, en el periodo de la Primera República, la relación que tiene con las ideologías de la época, carlismo y nacionalismo vasco, y su posición en favor de la defensa de los fueros como herramienta para la defensa de las ideas federales.
El libro consta de seis partes y los anexos formados por documentos redactados por los partidos republicanos navarros de izquierda sobre la República y el Estatuto Vasco-Navarro.
El autor le dedica la mayor parte del libro al periodo correspondiente a la Segunda República y el posterior exilio, en la que David Jaime es un personaje que lo vive en primera persona y con un grado muy importante de protagonismo.
Al final de cada parte hay una cuidada colección de fotografías correspondiente a ese periodo de la vida del protagonista, excepto en la segunda y sexta.
Primera parte
El autor nos lleva por la vida y peripecias de David Jaime. Su infancia en Eugi y su juventud en Etxarri Aranatz, le permiten aprender la lengua de sus ancestros, la linguae navarrorum. El amor que le profesó se vio reflejado en la defensa que de ella hizo a lo largo de su trayectoria política. Luego vendría su estancia en Argentina, donde refuerza sus ideas liberales y republicanas. Los nuevos estados americanos, nacidos como consecuencia de la lucha por la libertad eran el lugar idóneo para consolidar su ideología republicana y progresista. Su retorno al viejo Reino, allá por 1917, le devolverá al país tradicional que dejó, donde “el robledal carlista” lo dominaba todo. En esas fechas se va vislumbrando la aparición de las ideas liberales y un incipiente movimiento obrero. Todo este proceso David Jaime lo vive sin tener todavía una participación directa en política pero con el paso del tiempo y su posterior asentamiento en Tafalla, la tierra de sus padres, le llevará a estar en la primera línea de la vida política de Tafalla y Navarra.
Segunda parte
Esta parte del libro es una exposición concisa de la evolución de las ideas ilustradas, librepensadoras y republicanas pensamiento en Euskal Herria en general y en Navarra en particular a lo largo de la historia.
Desde una óptica político-social nos hace una introducción desde el Renacimiento, pasando por la Ilustración para llegar al siglo XIX y a los conflictos que se vivieron a lo largo de ese siglo en Navarra.
En ese recorrido histórico el autor nos habla de la figura de Manuel Larramendi, que en el siglo XVIII defenderá el derecho a la existencia de una República formada por bascongados constituyendo una nación libre y unida. Antes de sumergirse en los avatares del siglo XIX hace un pequeño repaso de la guerra de Convención (La Francia nacida de la Revolución entra en guerra con la Monarquía española) para acabar centrándose en lo que representó el conflicto entre carlistas y liberales en los territorios vasconavarros. No es el primero ni será el último libro en el que se desmonte el concepto existente de lo que representaba cada bando (carlista y liberal) en liza y el por qué se produjo el levantamiento en las provincias vasconavarras.
Se detiene en el análisis de lo que fue la I República española, lo que supuso para el republicanismo liberal vasco y la existencia de un republicanismo liberal defensor de la restauración foral.
Tercera parte
Comprende el periodo del inicio de la II República hasta la llegada del bienio negro. El autor nos va relatando a través de las actividades del político tafallés las visicitudes que se vivieron en Navarra. El protagonista del libro tuvo una presencia notable en la política navarra. No sólo fue concejal en el Ayuntamiento de Tafalla, sino que fue miembro de la Gestora de la Diputación.
A lo largo de estos intensos años tiene especial importancia todo el proceso de discusión del Estatuto Vasco-Navarro. Los enredos de la derecha navarra para utilizar este debate con el objetivo de desgastar a la II República, el error del PNV en los primeros compases a la hora de buscar sus compañeros de camino, las dudas y prejuicios de algunos republicanos y socialistas, que no de todos, a la hora de posicionarse en favor de que Navarra aprobase el Estatuto y las irregularidades que se produjeron en la asamblea en la que se decidió que Navarra se quedase fuera del Estatuto.
El autor no deja pasar por alto la actitud que tuvo David Jaime ante los problemas sociales. Desde el Ayuntamiento trabajó en favor de la recuperación de comunales y corralizas, en todo tipo de obras públicas, infraestructuras públicas y servicios públicos, construcción de casas baratas, etc., que ayudasen a mejorar la vida de sus vecinos y, en especial, de los más humildes y desfavorecidos. Y fue un avanzado a su tiempo, pues en 1932 planteó, sin éxito, la demolición de la plaza de toros “donde se dan espectáculos incultos, sin rentabilidad para el Ayuntamiento”.
Cuarta parte
Jose Mari Esparza nos relata la victoria del Frente Popular en todo el Estado y los preparativos del horror que se avecinaba y, con ello, el infierno que pasó David Jaime para poner a salvo su vida, pues desde el momento en que triunfó el golpe en Navarra su suerte estaba echada. Una fosa común o el exilio. Por fortuna, pero después una odisea dramática, nos cuenta cómo logró ponerse a salvo.
En esta parte del libro se hace eco del giro que dan las izquierdas en Navarra respecto al Estatuto Vasco una vez que se produjo la victoria del Frente Popular. Empiezan a ser conscientes de la necesidad de buscar la unidad política con los otros tres territorios vascos, si quieren que la derecha reaccionaria deje de ser el eje sobre el que gire la política navarra. Los políticos socialistas y republicanos que en 1932 habían estado en contra deciden apoyar la entrada de Navarra en el Estatuto Vasco y para ello los partidos del Frente Popular firman un manifiesto muy clarificador que se puede leer en los anexos del libro.
Quinta parte
Es la parte más extensa de todas, en ella el autor recoge todo lo que fue su vida en su exilio en Iparralde hasta su fallecimiento. Sus penurias económicas, sus problemas de salud y su incansable actividad política para coordinar al exilio navarro dentro del Consejo de Navarra.
Relata de forma muy pormenorizada la labor que realizó el político tafallés, sus relaciones con otros compañeros del exilio y las tensiones que vivió en algunos momentos con miembros de otras fuerzas políticas, como es el caso del PNV.
Los políticos de la izquierda navarra se lamentaban del error que supuso que Navarra no haber entrado a formar parte de la autonomía vasca. Tenían el convencimiento que de esa forma el golpe de Estado nunca hubiera triunfado en el Viejo Reino.
Sexta parte
Con la desaparición de David Jaime y otros destacados políticos navarros que se encontraban en el exilio, se inicia una nueva etapa en la que el autor nos hace un repaso de cómo se fue recolocando el mapa político de Navarra hasta llegar a los años posteriores a la muerte de Franco. Partidos que durante la II República tuvieron un peso importante pasan a ser testimoniales, cubriendo su espacio otras fuerzas políticas que surgen con mucha fuerza.
El libro nos va adentrando en los movimientos políticos que se dieron después de la muerte de Franco, las primeras elecciones y la postura que adoptan los partidos ante el nuevo Estatuto Vasco. En este contexto dedica una parte a explicar de forma pormenorizada los movimientos que se dieron para obstaculizar cualquier entrada de Navarra en el Estatuto y el papel que jugó en todo ese proceso el PSOE, que dio un giro copernicano pasando de estar a favor de la entrada a oponerse de la forma más radical. Es de gran valor histórico la documentación que utiliza para poder sustentar este relato, pues su publicidad no es del agrado de algunos políticos que han ostentado importantes cuotas de poder en Navarra en los últimos cuarenta años.
Jose Mari Esparza no deja en el tintero a dos personas que fueron fundamentales en la vida del político tafallés. Su esposa y su sobrina, pues el matrimonio no tuvo descendencia. Ambas mujeres van acompañando al protagonista a lo largo del libro pues fueron participes y colaboradoras en sus actividades políticas.
Si la finalidad de Jose Mari Esparza con esta obra era reivindicar el legado político de esa generación de republicanos navarros que trabajaron denodadamente por una Navarra alejada de la noche oscura que ha sido el tradicionalismo más rancio a lo largo de los siglos XIX y XX, sin duda alguna la ha logrado.
[1] Extracto de la instrucción reservada nº 1, firmada por Emilio Mola en Madrid el 25 de mayo de 1936 que decía:
“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.
El pasado mes de octubre se han celebrado los aniversarios de tres acontecimientos de relevancia en la historia del pueblo vasco sobre los que voy a realizar esta reseña. Los tres tienen un mismo denominador común: la relación jurídico-política existente entre Euskal Herria y España. Estos momentos históricos son la aprobación de la Ley de 25 de octubre de 1839 de confirmación de los fueros, la aprobación el 1 de octubre de 1936 en las Cortes españolas del Estatuto Vasco de la II República y otro 25 de octubre, pero de 1979, la celebración del referendum para la aprobación del Estatuto de autonomía para los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
La ley de 25 de octubre de 1839 tiene su origen en el final de la primera guerra carlista, el 31 de agosto de 1839, mediante el Abrazo de Vergara entre el general isabelino Espartero y el general carlista Maroto. Al finalizar la guerra se procedió a la aprobación de la Ley de Confirmación de los fueros. Esta denominación no deja de ser un eufemismo, porque esa ley lo que realmente trajo fue el primer recorte a los fueros que tenían los territorios vascos hasta la fecha. Las Cortes aprobaron dos artículos con el siguiente contenido: “1º. Se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía 2º. El Gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo antes a las provincias Vascongadas y Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclame el interés de las mismas, conciliado con el general de la nación y de la Constitución de la Monarquía”. Como consecuencia de esta ley, en 1841 se aprobará la Ley “Paccionada” de modificación de los Fueros de Navarra.
Este sometimiento y armonización de los Fueros a la “Constitución de la Monarquía” y que no fueran en contra de la “unidad constitucional de la Monarquía” no era otra cosa que un recorte de tal magnitud que los Fueros perdían la esencia de su existencia, pues eran la herramienta jurídico-política fundamental que permitía a estos cuatro territorios gobernarse al margen del resto de la corona. Hasta la fecha lo único que compartían era el mismo monarca. El catedrático de Historia contemporánea Juan Pablo Fusi, en su trabajo “EL PROBLEMA VASCO: DE LOS FUEROS AL ESTATUTO DE GUERNICA”, define de esta forma a la ley de 25 de octubre de 1839: “la ley que abriría el proceso de abolición de los fueros, el régimen institucional histórico de los territorios vasco-navarros”.
De la lectura de estos dos artículos se pueden extraer las siguientes conclusiones: Si se confirmaban los Fueros, sin perjuicio de la unidad constitucional, es evidente que hasta 1839 no se había dado esa unidad constitucional y si estos Fueros tenían que ser conciliados con el general de la nación y de la Constitución de la Monarquía es que hasta la fecha ni “conciliaban”, ni las normas existentes en el Reino formaban un cuerpo legal homogéneo que permitiera hablar de una nación pues no existía una compilación normativa donde se recogiera todas esas normas e instituciones necesarias para definirlo como un Estado.
A partir de la aprobación de esta ley con el eufemismo de “confirmación de los fueros” se procedió a una derogación de las instituciones y normas más genuinas de los fueros. En el caso de Navarra el recorte que sufrieron lo expresa José Mari Esparza Zabalegi en los siguientes términos: “Navarra dejaba de ser un reino y pasaba ser mera provincia; desaparecían sus Cortes y con ellas la independencia legislativa y judicial; se perdía la capacidad de emitir moneda propia; el virrey era sustituido por un capitán general, en el plano militar y por un gobernador, en el civil; se obligaba a los navarros a participar en el servicio militar o “contribución de sangre”; se trasladaban las aduanas del Ebro a los Pirineos, integrándose Navarra en el mercado estatal”[1]. Por lo que respecta a los otros tres territorios vascos estos recortes se dieron con posterioridad.
El motivo más importante por el que el poder central iniciara el proceso de abolición foral vasca no fue otro que el de defender los intereses económicos de las clases, sociales y políticas, dominantes de la época. La legislación foral vasca a principio del siglo XIX era un obstáculo para los intereses de las nacientes clases altas en Euskal Herria, sobre todo de las ubicadas en Bilbao y San Sebastián. Los negocios de la oligarquía, alta burguesía vasca y española y de la naciente burguesía comercial de Bilbao y San Sebastián, chocaban con la foralidad[2]. A todo esto habría que añadir el hecho de que, esta legislación, no era propicia para que capitales extranjeros pudieran entrar a explotar las riquezas naturales existentes en el subsuelo vasco. Contrariamente, en otros lugares del Estado, acontecía que las concesiones de las explotaciones mineras estaban en manos de empresas y capital extranjero[3] y habían sido adjudicadas a precios muy ventajosos para las compañías explotadoras. La hegemonía socioeconómica de la oligarquía y burguesía vasca era importante y ambas estaban interesadas en acabar con el proteccionismo que recogía las normas forales, para así poder potenciar el librecambismo. En este periodo, los liberales coinciden con los intereses de la aristocracia terrateniente andaluza y castellana, pues los procesos de desamortización que lideraron los diversos gobiernos liberales originaron una concentración de inmuebles y tierras en manos de un reducido grupo de terratenientes y oligarcas, en detrimento de las clases más desfavorecidas y de los bienes comunales.
Todo esto llevará a la Corona a intentar la abolición de los fueros, lo único que faltaba para llegar a este desenlace era esperar el momento idóneo. Desde la llegada de los borbones hubo varios acontecimientos históricos en los que se detecta el objetivo de la desaparición de los fueros. A principios del s. XVIII (1718) se produce el primero, fue el episodio de privación de los fueros a Bizkaia con ocasión de la sublevación por el Estanco de la Sal, sin embargo no fue el único. Los vaivenes de la política española desde la llegada de los borbones, y especialmente desde la Guerra de la Independencia con la lucha entre absolutistas y liberales por el control del poder, facilitaban que los fueros se convirtieran en una víctima más de la lucha que mantenían ambos sectores políticos; por ello se puede afirmar que la cuestión foral es la causa principal de la Primera Guerra Carlista en Euskal Herria[4]. Todo este proceso culminaría en julio de 1876 con la abolición de los fueros en su totalidad.
La definición que mejor se ajusta a la lucha llevada por el pueblo vasco en el siglo XIX a través de las guerras carlistas la aporta el Colectivo IPES. Fue la expresión de “la lucha entre la necesidad de unificación económica de la burguesía a nivel del Estado y por consiguiente de unificación de sus estructuras políticas y culturales y la resistencia de un pueblo a ver suprimido violentamente su modo de producción tanto a nivel económico como político y cultural”[5].
La segunda fecha a tener presente es la aprobación del Estatuto Vasco el 1 de octubre de 1936 en las Cortes españolas de la II República, reunidas en Valencia mediante el procedimiento de urgencia, en plena guerra civil.
Para llegar a la aprobación de este Estatuto, hubo que recorrer un tortuoso camino. La cuestión vasca no empezó con buen pie. Hay que partir de la premisa que el nacionalismo vasco no fue invitado a la reunión del Pacto de San Sebastián, celebrada el 17 de agosto de 1930, para fijar una hoja de ruta para instaurar la República, muy por el contrario, sí se contó con la presencia de los nacionalistas catalanes. En aquel momento tampoco puso mucho interés el PNV en asistir, pero lo cierto es que el hecho tuvo sus repercusiones, pues en las decisiones adoptadas se recogía, de forma expresa, admitir la personalidad política catalana. Sin embargo, la ausencia en dicho acuerdo de los políticos vascos autonomistas, redundaría de forma perjudicial en una futura aprobación de un Estatuto de autonomía vasco[6].
Una vez que se proclamó la II República, el Gobierno republicano no demostró interés alguno por sacar adelante un estatuto para Euskal Herria, al contrario de Cataluña, pero en Euskadi empezaron a darse los pasos para la aprobación del Estatuto. La Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza (SEV-EI), compuesta por nacionalistas, tradicionalistas y republicanos, elaboró un proyecto articulado del Estatuto General del Estado Vasco a instancia del asamblea de ayuntamientos, movimiento vinculado al PNV[7]. Ese proyecto partía de la base que la República, en su constitución, estaba dispuesta a adoptar un modelo federal, pero de hecho no fue así, pues se definió como República integral. Ese texto seguía una línea aconfesional, acorde con la nueva forma de gobierno y los aires que lo inspiraban.
El movimiento de alcaldes organizó varias reuniones para convocar una asamblea de alcaldes para debatir el proyecto de la SEV-EI. En esas reuniones varios alcaldes nacionalistas y tradicionalistas añadieron una enmienda de marcado perfil confesional. La comunidad vasca tendría completa autonomía entre la Iglesia y el Estado y estaría facultada para negociar un Concordato independiente con el Vaticano[8].
Ese proyecto será el que en el mes de junio de 1931 se debata en Estella con la inclusión de la enmienda anteriormente mencionada. Este Estatuto arrastró los siguientes problemas: Desde las filas del nacionalismo vasco, representado por el PNV, eligieron como compañeros de viaje a los carlistas, pues al inicio de la República la dirección del PNV veía con ciertas reticencias el nuevo régimen. El posicionamiento ideológico de su dirección estaba cercana al carlismo en la restauración foral como forma para recuperar los derechos históricos vascos y en la cuestión religiosa. El carlismo, si bien hablaba de la reinstauración foral, desde el mismo día que se proclamó la II República estuvo conspirando para su derrocamiento. Realmente el carlismo hacía muchas décadas que había marginado la cuestión foral y la base de su ideario ideológico se basaba en el integrismo religioso y la restauración de una situación predemocrática. En este momento, para los carlistas apoyar el Estatuto de Estella no dejaba de ser una táctica para atacar a la República. El PNV en los primeros meses de la II República había elegido unos aliados, que con el tiempo se quitarían la máscara para posicionarse en contra del Estatuto. Esta alianza era mirada con recelo por los republicanos y ello influyó en que miraran con recelo el autonomismo vasco[9].
Las modificaciones que se realizaron al Estatuto aprobado en Estella también recibieron la crítica de ANV, partido nacionalista, aconfesional y de izquierdas, nacido en noviembre de 1930.
En concreto, en cuanto desapareció del documento el perfil religioso, que el PNV y los carlistas añadieron al proyecto de la SEV-EI, estos últimos se descolgaron del proceso. El carlismo representaba a la oligarquía y la reacción por lo que era incompatible con el sector progresista del PNV, el cual iba ganando posiciones dentro del nacionalismo. Por el contrario, el carlismo día a día se iba profundizando en un endurecimiento reaccionario[10]. La figura que fue ganando peso en esa nueva imagen del PNV era la de José Antonio Agirre.
El tratamiento que se hacía de la cuestión religiosa en ese proyecto, debido a las modificaciones que introdujo el PNV junto con los carlistas, fue motivo más que suficiente para que socialistas y republicanos, que no se distinguían por una voluntad estatutaria, no lo apoyasen. Este Estatuto no prosperaría en las Cortes porque una de sus cláusulas, la relativa al Concordato con la Santa Sede, fue declarada inconstitucional, lo que provocó que todo el Estatuto fuera echado para atrás.
A partir de este momento, se inicia otro segundo intento para sacar adelante un estatuto, esta vez con el impulso de las Gestoras Provinciales. Al no haberse celebrado elecciones para las diputaciones, esas gestoras habían sido nombradas por el Gobierno central. Éste temía que si se celebraran unas elecciones para renovar las diputaciones, fueran controladas por nacionalistas y carlistas por el gran peso electoral del mundo rural vasco[11]. La comisión vuelve a utilizar el proyecto elaborado por la SEV-EI antes de las modificaciones de la Asamblea de Estella. En este nuevo texto las competencias reservadas al futuro Gobierno autónomo vasco son más limitadas que en el Estatuto de Estella, los idiomas oficiales son el euskera y el castellano (en el Estatuto de Estella sólo era el euskera) y las relaciones con la Iglesia se reservaban a la República[12]. Pero este proyecto tampoco fructificó. Ello se debió a que en la Asamblea celebrada en Pamplona, en junio de 1932, fue aprobado por los municipios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, pero no tuvo la mayoría entre los municipios navarros (123 en contra y 104 a favor). En días posteriores a la celebración de la asamblea, se publicaron referencias en las que hubo apoderados de algunos ayuntamientos navarros que infringieron el mandato del consistorio al que representaban, votando en contra o absteniéndose[13]. La posición contraria de la derecha navarra se vio ayudada por la postura de boicot[14] que mantuvieron los republicanos e izquierdas navarras. Republicanos y socialistas cometieron el error de no ayudar a crear un Gobierno vasco en el que estuvieran los cuatro territorios, lo que hubiera sido fundamental para dar estabilidad a la República y además hubiera servido para tener más controlados los movimientos golpistas en los que empezaba a tener presencia el carlismo. El primer intento de golpe de Estado de Sanjurjo se produjo en agosto de 1932, que tuvo el apoyo de la oligarquía vasca, junto con los terratenientes y financieros de la época y las viejas castas militares[15].
La situación derivó en la elaboración de otro proyecto únicamente para los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Sus trabajos finalizaron el 6 de agosto de 1933, siendo votado en referéndum el 5 de noviembre de 1933, pero este Estatuto no pudo entrar en vigor. En las elecciones de noviembre de 1933 las derechas españolas obtuvieron el triunfo y, como era de esperar, el Estatuto se guardó en un cajón pues el bloque de derechas se oponía a su aprobación en las Cortes.
Hubo que esperar a que en las elecciones de febrero de 1936 saliera una mayoría absoluta del Frente Popular para que, en abril de ese año, el estatuto se volviera a presentar en las Cortes españolas. La Comisión de Estatutos acuerda dar por válida la consulta realizada en noviembre de 1933, teniendo validez para los tres territorios (Álava, Gipuzkoa y Bizkaia) pero su aprobación en el pleno sigue demorándose y se produce el golpe militar de julio de 1936 que, al no triunfar, acabaría transformándose en una guerra civil. En esos momentos de organización de la defensa, ante el ataque de los sublevados y viendo que la República seguía sin desatascar el problema, algunos miembros destacados del PNV se movieron para la creación de un gobierno vasco que surgiera de las Juntas de Defensa[16].
Al final, en plena contienda, las Cortes Republicanas aprobaran el Estatuto el 1 de octubre de 1936. Un triunfo con sabor amargo porque todo este calvario se podía haber evitado y hubiera sido de gran ayuda para la defensa de la República. Sin embargo, se aprobó cuando más de la mitad del territorio vasco estaba ocupado por la sublevación fascista. Desgraciadamente, la suerte del Estatuto y de la Euskal Herria estaba echada y dejaba maltrecha a la República.
La tercera fecha, 25 de octubre de 1979, es la fecha del referéndum para la aprobación del Estatuto de autonomía para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. En este último caso el proceso duró algo más de dos años, lo que no fue óbice para que sufriera todo tipo de obstáculos y tensiones políticas y sociales.
En esta ocasión el régimen estaba representado por un gobierno cuyos miembros habían sido altos cargos de la dictadura franquista, con la misión de pilotar el proceso de reforma después del fallecimiento del dictador. Se presentaron a las elecciones a través de un partido, UCD, que estaba copado por personas destacadas del franquismo y que, a diferencia de AP, fundada por Manuel Fraga, intentaba ser la cara amable de una nueva derecha.
Los partidos tradicionales herederos de la República y del Estatuto del 1936, PNV, PSOE y PCE iban a ser los actores principales en todo este proceso que se iba a dar en Euskal Herria, junto con UCD. A todos ellos habría que añadir la presencia de un nuevo espacio político: la izquierda abertzale. En el período de la II República este espacio era muy reducido, siendo representado por ANV. Por el contrario, en el periodo 1977-1979 la izquierda abertzale era un movimiento político pujante que estaba representado por dos tendencias: Euskadiko Ezkerra (EE)[17] y Herri Batasuna (HB)[18]. Ambos espacios políticos tuvieron una participación en todo el proceso, si bien es cierto, que el Estatuto fue el momento que las terminó de alejar entre sí de forma irremediable. Las causas de ese alejamiento fueron más profundas y serán expuestas posteriormente.
En esta ocasión la aprobación del Estatuto fue un proceso que se inició el 15 de junio de 1977, fecha en la que se celebran las primeras elecciones generales desde el derrocamiento de la II República. Duró algo más de dos años, pero tuvo tanta intensidad o más que la que se vivió durante el período republicano.
Las elecciones de junio de 1977 se celebraron sin la presencia de una parte muy importante de la izquierda abertzale, que decidió no concurrir a dichos comicios al no haber salido todos los presos políticos vascos de las cárceles y estar algunas organizaciones políticas ilegalizadas, porque en sus estatutos propugnaban la independencia de Euskal Herria. Por estos motivos hicieron campaña en favor de la abstención. Este hecho, sin duda alguna, condicionó en gran medida los resultados que se dieron. De las elecciones salieron dos partidos mayoritarios, PNV y PSOE y dos partidos minoritarios, UCD y Euskadiko Ezkerra.
Nada más constituirse las Cortes en julio de 1977, se inició un proceso laborioso de redacción, debate y aprobación de la Constitución. Este proceso, que duraría hasta diciembre de 1978, marcó toda la controversia que se dio en materia territorial.
Paralelamente, a partir de los resultados de estas elecciones se forma la Asamblea de parlamentarios vascos (diputados y senadores). A esta asamblea se unen la totalidad de los parlamentarios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los dos diputados del PSOE por Navarra y el histórico nacionalista, Manuel Irujo, que había sido elegido senador por Navarra en la candidatura del Frente autonómico (PSOE-PNV). Los seis parlamentarios (tres diputados y tres senadores) de UCD elegidos por Navarra no se unieron. La primera reunión de la Asamblea se celebró el 22 de junio de 1977 y todas las fuerzas políticas presentes adoptaron tres resoluciones: el reconocimiento de la personalidad política y administrativa de Euskadi, la legalización de todos los partidos sin excepción y una amnistía total para todos los hechos de intencionalidad política[19]. El consenso no daba para más.
A partir de este momento se inicia una serie de reuniones de esta Asamblea con un objetivo: poner en marcha el régimen pre-autonómico. Esto era un estado transitorio hasta que se aprobaran los estatutos de autonomía, que no podían llegar hasta que no hubiese una constitución que les diera cobertura legal y los regulara. Pero en las naciones históricas la presión popular al Régimen llevó a la concesión de este estatus transitorio que no dejaban de ser movimientos tácticos del Gobierno de la UCD para controlar la situación.
En los primeros compases hubo una cuestión que marcaría la marcha del proceso y mediría las fuerzas entre los diferentes partidos: La negativa de los parlamentarios de UCD de Navarra a participar en un proceso común para los cuatro territorios vascos. Hay que tener presente que gracias a la ley de Hondt la UCD obtuvo en Navarra la mayoría absoluta de los cargos electos con menos del 30% de los sufragios. En ese momento la posición del PSOE era favorable a la integración de Navarra en Euskadi. Pero el Gobierno de la UCD, sabedor que tenía la llave, dio los pasos necesarios para que no se produjera la integración. Todo esto sin soliviantar al PNV y al PSOE. Movió las fichas tanto desde Madrid como de las instituciones navarras, que todavía no habían sido elegidas democráticamente, y que estaban controladas por el Bunker franquista.
En enero de 1978 se aprueba el decreto-ley de aprobación del pre-autonómico vasco y se nombra en febrero el Consejo General Vasco. Una institución que fue el reflejo de la situación política, foro donde PNV y PSOE rivalizaban políticamente a la hora de discutir el modelo de país que defendían. Las otras formaciones que lo componían (UCD y EE) no dejaban de ser meras comparsas, sin perjuicio que la UCD siempre jugaba con la tranquilidad que le daba que los suyos controlaran todo el aparato del Estado.
El proceso de elaboración del Estatuto se realizó en dos fases: la primera fase abarcó los meses de noviembre y diciembre de 1978. En ese período la asamblea de parlamentarios vascos debatió el proyecto de Estatuto. Éste fue presentado en el Congreso de los diputados el 29 de diciembre de ese año. La segunda se inicia en el mes de julio de 1979, momento en el que se inicia el trámite en el Congreso, siendo aprobado el 21 de julio y ratificado en referendum el día 25 de octubre de 1979. Este último proceso se realiza después que el 1 de marzo de 1979 se hubieran celebrado unas nuevas elecciones generales que trajeron un cambio en el tablero político. La irrupción de HB con 3 diputados y un senador, sin duda alguna, trajo de cabeza a los artífices de la Reforma. No hay que olvidar que en las anteriores elecciones las organizaciones que conformaban esta candidatura pidieron la abstención y en los regímenes parlamentarios todo lo que no tiene representación es como si no existiese.
Todo este proceso que trascurre desde las primeras elecciones después de la muerte del dictador hasta la aprobación del Estatuto fue un momento clave en muchos aspectos.
En dicho periodo durante la tramitación tanto de la Constitución como del Estatuto de autonomía se pudo observar el margen de maniobra que dejaba el régimen a las reivindicaciones territoriales de la población vasca. Hubo momentos muy duros y tensiones en los que parecía que todo saltaba por los aires, sobre todo cuando el Estatuto se debatió en el Congreso de los diputados en julio de 1979. Uno de esos momentos se produjo días antes que el Estatuto de autonomía se tramitara en el Congreso. En ese momento el Gobierno de la UCD sospesó la posibilidad de declarar un Estado de excepción en Euskadi. La portada del diario El País del día 23 de junio era muy elocuente, abriendo con la siguiente información: “Desmentidas supuestas interferencias militares en los estatutos”[20]. Tanto en este diario como en Cambio 16 informaban de la intención del Gobierno de implantar el Estado de sitio en Euskadi en el supuesto que las negociaciones para la aprobación del Estatuto vasco fracasaran[21].
En esta ocasión, a la hora de buscar acuerdos y compañeros de viaje, el PNV estuvo más cerca del PSOE que de los partidos abertzales. De hecho, en las elecciones de junio de 1977 al Senado se presentó en coalición con el PSOE con la marca Frente Autonómico. Desde un primer momento huyó de llegar a acuerdos con la izquierda abertzale. El deseo del PNV era que los poderes del Estado le consideraran el interlocutor válido para todo lo referente a Euskadi, pero en este momento histórico en el PNV volvían a aparecer dos almas: la sabiniana, favorable a la independencia, y la defensora de los derechos históricos a través de la reinstauración foral.
Es interesante ver las posiciones que mantuvo el PNV ante las dos cuestiones que se debatían en ese momento (Constitución y Estatuto de autonomía). En lo referente al debate constitucional, el PNV se abstuvo y realizó un discurso en defensa de los derechos forales que no fueron recogidos en la Constitución como este partido esperaba. Por ello se posicionó en contra del derecho de autodeterminación. Arzallus tuvo diversas intervenciones en el Congreso muy elocuentes. “El PNV se presenta en este momento con unos planteamientos más fueristas que nacionalistas […], por ello renunciamos a la constitucionalización de postulados férreamente defendidos por todo nacionalista y aceptamos planteamientos ajenos y hasta contrarios a los nuestros”[22]. En el PNV volvía a ganar el alma fuerista. Pero toda esta retórica en el Congreso era compensada con declaraciones en actos políticos en diversos lugares de Euskal Herria en las que se sostenía un discurso independentista. No dejaba de ser una táctica para aplacar a sus bases, con el agravante de que el Estatuto que posteriormente se aprobara, iba a tener que ceñirse a la Constitución.
En esta situación, en los meses de noviembre y diciembre de 1978, con la aprobación de una constitución en la Cortes que no había tenido el apoyo ni del PNV ni de Euskadiko Ezkerra y con el rechazo frontal de la izquierda abertzale extraparlamentaria, la Asamblea de parlamentarios vascos debate un proyecto de Estatuto; fue una labor realizada entre el PNV, PSOE y EE, con una UCD, consciente que estaba en minoría, pero que no le preocupaba mucho porque harían valer su posición cuando el proyecto fuese estudiado en el Congreso, cosa que así fue.
Cuando llegó la hora de debatir el Estatuto en el Congreso, como se ha dicho con anterioridad, el reparto de escaños había cambiado con motivo de las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 y la correlación de fuerzas entre los partidos vascos ya no era la misma. En este momento el PNV tenía mayoría y HB había irrumpido con 3 diputados, siendo, por el contrario, el PSOE el partido más perjudicado.
El proyecto presentado por la Asamblea de parlamentarios vascos se topó con la fuerza que tenía el Gobierno de la UCD en el Congreso. En este partido había dos visiones: la defendida por un sector duro que apostaba por declarar medidas de excepción (Estado de sitio, excepción o similares) y otro sector más dialogante que abogaba por llegar a un acuerdo con el PNV.
El Estatuto tenía que ser discutido en la ponencia compuesta por una delegación elegida por la Asamblea de Parlamentarios vascos y la Comisión Constitucional, pero la realidad fue bien distinta. Esa ponencia no fue más que una pantalla, porque donde realmente se discutió el articulado del futuro Estatuto fue en el Palacio de la Moncloa. En un principio las reuniones eran entre Garaikoetxea, presidente del EBB[23], y Adolfo Suarez, presidente del Gobierno. Posteriormente se incorporaron personas relevantes de UCD y el PNV. Es de aquí de donde salió el texto que posteriormente se aprobó en el Congreso. En todo este proceso PSOE y Euskadiko Ezkerra quedaron marginados, con las consiguientes protestas de ambas formaciones. Por lo que respecta al contenido del texto, en palabras del diario El País del día 13 de julio “Las modificaciones introducidas como consecuencia de las negociaciones celebradas en La Moncloa afectan prácticamente a la totalidad de los artículos”[24]. Esta situación fue una constante en todo el proceso negociador.
Una vez que fue pactado entre el PNV y UCD, el paso por la ponencia y posterior debate en el pleno de la cámara baja no dejo de ser un mero trámite. La aprobación del Estatuto fue acompañada por todo tipo de declaraciones y artículos periodísticos, ensalzando el acuerdo y el contenido del Estatuto por parte de las fuerzas políticas que estaban a favor (PNV, PSOE, UCD, EE, PCE). Fuera de ese ambiente de euforia las declaraciones de algunos políticos del PNV dejaban entrever que el Estatuto no era la panacea que pregonaban en sus declaraciones. En una entrevista realizada a Xabier Arzallus en el diario Egin, el 28 de diciembre de 1978, cuando la Asamblea de Parlamentarios vascos aprobó el proyecto que posteriormente se discutiría en el Congreso, el líder jeltzale declaraba que “tiene que quedar claro que hemos partido de una realidad impuesta que es el marco constitucional concreto. Salir de este marco supondría la invalidación de todo intento estatutario, por lo que es necesario acatarlo. No es nuestro estatuto ideal, ni siquiera el que nosotros propondríamos. Es el que permite la Constitución”[25]. La pregunta que habría que realizarse es la de que si el proyecto que fue sacado adelante por el PNV no era del agrado del PNV ¿qué grado de satisfacción podría tener el texto definitivo después de haber sido modificado casi en su totalidad?
Por lo que respecta a la posición de la izquierda abertzale, se dieron dos planteamientos antagónicos entre sí. La postura del sector representado por Herri Batasuna, KAS[26] y ETA militar fue contraria desde el momento en el que se empieza a hablar del pre-autonómico. No aceptaban que el proceso se iniciara a través de la representación salida de las elecciones del 15 de junio, al haberse encontrado algunas formaciones políticas sin legalizar. Para este sector la elaboración debía ser liderada por una asamblea de municipios democráticamente elegidos, la participación de Navarra en este proceso y el reconocimiento del derecho de autodeterminación. El eje sobre el que se movían eran los puntos recogidos en la Alternativa táctica de KAS. Como alternativa a este proceso estatutario, crearon un órgano de contrapoder popular vasco (EHBN[27]) que tenía, entre otros objetivos, la elaboración de un Estatuto nacional de autonomía para los cuatro territorios vascos. Era una postura pétrea en la que partían de la premisa de que cualquier participación en el proceso era legitimar las instituciones creadas al amparo de la Reforma, pues no dejaba de ser un lavado de cara del régimen franquista. Esta postura fue mantenida sin ningún tipo de fisura y era compartida por ETA militar, que era una de las dos ramas de ETA en ese momento.
La propuesta política del otro sector de la izquierda abertzale, el representado por la coalición Euskadiko Ezkerra y EIA, que actuaba en total coordinación con la organización ETA político-militar[28], tuvo dos fases bien diferenciadas. La primera se puede circunscribir al periodo que va desde las elecciones de junio de 1977 hasta el mes de noviembre de ese mismo año. En esos meses la estrategia es similar a la que seguía el otro sector de la izquierda abertzale. Se posicionó en contra de los proyectos de régimen pre-autonómico que habían preparado PNV y PSOE. Redactó un documento alternativo en clave de ruptura democrática. Pide la urgente celebración de elecciones municipales y propone que la Asamblea de Municipios elegidos democráticamente y asambleas populares en la que estuvieran representados organismos populares, fuesen el marco donde se debatiese el Estatuto[29]. No aceptaban ni el Gobierno vasco en el exilio ni los resultados del 15 de junio por la falta de participación popular que entrañaban ambos proyectos.
Sin embargo, esta posición dio un giro de 180 grados en los meses siguientes. Una vez que EIA celebra su primer congreso en Zegama (Gipuzkoa) en el que sale elegida una nueva dirección y Mario Onaindia es nombrado secretario general, EIA cambia su planteamiento inicial y acepta el pre-autonómico que habían consensuado PNV y PSOE. Durante todo ese proceso EIA, a través de Euskadiko Ezkerra se posicionó en contra la Constitución, pero aceptó el proceso estatutario dentro de los límites de esa Constitución.
Durante el proceso de debate del Estatuto las organizaciones del bloque formado por EIA-Euskadiko Ezkerra-ETA político militar, lanzaron dos campañas que no tuvieron el éxito que esperaban. La primera fue la de “Estatutoarekin presoak etxera” (Con el Estatuto los presos a casa). La mayor parte de los presos políticos vascos de diferentes organizaciones se encontraban en la prisión de Soria y estaban llevando una lucha importante porque la policía estaba dentro del recinto de la prisión. La otra campaña fue “Estatutoarekin Nafarroa Euskadira” (Con el Estatuto Nafarroa a Euskadi). Ambas campañas conjugaban la lucha política que debían de realizar EE de la mano de EIA y la actividad de ETA pm con atentados propagandísticos. La realidad es que quien llevó el peso de ambas campañas fue la organización armada por la falta de capacidad movilizadora de EIA y EE, más preocupadas en la actividad institucional.
En esta disputa política que vivían los dos espacios políticos de la izquierda abertzale subyacía un análisis ideológico y político de mayor profundidad. Para el bloque político-militar[30] en el Estado español se estaba dando una transición de la dictadura hacia una democracia burguesa que sería equiparable a las que se daban en la Europa Occidental. Desde esta óptica, una organización como EIA no podía hacer una política demasiado enfrentada a los partidos democrático-burgueses, representados en Euskadi por el PNV y el PSOE[31]. Debía de trabajar desde las instituciones para lograr las condiciones adecuadas para iniciar un proceso hacia el socialismo. Por el contrario, las organizaciones de KAS y HB entendían que en el Estado español no se había dado un cambio de régimen. Se había realizado un proceso de reforma política en el que el franquismo seguía controlando todos los aparatos del Estado (judicatura, ejército, cuerpos policiales) estando al servicio de la misma oligarquía que había hecho negocios durante el franquismo. Las instituciones que habían surgido con el proceso de reforma iniciado en 1976 adolecían del carácter democrático para poder ser equiparadas a las democracias burguesas existentes en la Europa Occidental. Ante esta situación planteaban una lucha frontal.
La última etapa de todo este proceso fue la campaña del referéndum en la que se dieron dos frentes. Por un lado, las organizaciones que apoyan el Estatuto (PNV, PSOE, EE, UCD y PCE) y por el lado la izquierda abertzale (HB, KAS y ETA m), junto a algunos partidos minoritarios (EMK y LKI) que se posicionaron en favor de la abstención. La campaña no estuvo exenta de tensión. Un ejemplo de ello eran los argumentos que llegaron a dar el PNV y EE. Uno de ellos fue que si no se lograba el pacto del Estatuto había peligro de intervención militar en Euskadi y de involución golpista en el Estado español[32]. También hubo argumentos que no dejaban de ser un brindis al sol con el objetivo de obtener el mayor apoyo entre el electorado nacionalista como “El Estatuto es el primer paso para la independencia de Euskadi”. Había una posición, muy residual, contraria al Estatuto defendida de forma explícita por los partidos de ultraderecha, estando a la cabeza Unidad Nacional, cuyo líder era Blas Piñar, y de forma tácita por Alianza Popular, que no se sumó a hacer campaña en favor del Estatuto.
El Estatuto cosechó el apoyo de algo más del 53% del censo, algo esperado, después de todo el despliegue de medios que se hicieron por partidos políticos, medios de comunicación y diversos aparatos del Estado.
No habían pasado ni tres años desde su aprobación cuando el Estatuto sufría el primer ataque recentralizador. Una de las consecuencias derivadas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue el acuerdo entre la UCD y el PSOE para aprobar la LOAPA. La finalidad de esta norma era la de recortar las competencias que tenían la Comunidad Autónoma Vasca y Cataluña, derivadas de sus respectivos estatutos de autonomía. Pero ese intento recentralizador no llegó a fructificar como deseaban sus promotores porque el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en el que negaba el carácter orgánico y armónico de dicha ley.
A día de hoy de las 144 competencias que recoge el Estatuto Vasco en vigor quedan pendientes de transferir 33, lo que supone un 23 por ciento de su totalidad después de 40 años[33]. Se puede decir que es la Ley Orgánica en vigor con menor grado de aplicación. La realidad actual es que no sólo no están transferidas las 33 competencias anteriormente mencionadas, sino que en la actualidad estamos viviendo una ola recentralizadora que se manifiesta a través de recortes en las nuevas leyes orgánicas que se aprueban y a través de las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional.
En esta
situación, un tanto oscura, el Parlamento Vasco está inmerso en un proceso de
elaboración de un proyecto para la redacción de un nuevo Estatuto. No parece
que vaya a conseguir mayor consenso que el anterior, porque los obstáculos
vienen a ser muy similares a los que se vivieron a finales de la década de los
70 del pasado siglo. La piedra angular sigue estando en el reconocimiento de la
soberanía del pueblo vasco, lo que conllevaría el poder tener capacidad
política para ejercer el derecho a decidir. Resolver esta cuestión será la
clave para que llegué a tener un consenso amplio, pero tan importante o más
será ver como se encaja dentro la estructura del Régimen del 78, o si, por el
contrario, es necesario que se produzca un nuevo proceso constituyente.
[1] Esparza Zabalegi, Jose Mari: VASCOSNAVARROS. Guía de su identidad, lengua y territorialidad, Txalaparta, Tafalla, 2012.
[2] Castells Arteche, Luis: Fueros y Conciertos Económicos. La Liga Foral Autonomista de Guipúzcoa (1904-1906), L. Haranburu Editor, San Sebastián, 1980.
[3] Ibarruri, Dolores (Pasionaria): El único camino, Collection Ebro, 1975.
[4] Estornes Zubizarreta, Idoia: Carlismo y abolición foral. Entorno a un centenario 1876-1976, Editorial Auñamendi, San Sebastián, 1976.
[5] Colectivo IPES: Euskadi: Herri Batzarrea. Asamblea del Pueblo y política municipal. Zero, Bilbao 1978.
[6] Castells, José Manuel: El Estatuto Vasco. L. Haranburu editorea, 1796, Donostia, 1976.
[7] Ibidem.
[8] Caro Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.
[9] Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.
[10] Caro Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.
[11] Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.
[12] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): Historia de Euskadi. El Nacionalismo y ETA, Ruedo Ibérico, 1977.
[13] Castells, José Manuel: El Estatuto Vasco. L. Haranburu editorea, 1796, Donostia, 1976.
[14] Eduardo Renobales: ANV, el otro nacionalismo. Historia de Acción Nacionalista Vasca-Eusko Abertzale Ekintza. Txalaparta, Tafalla, 2005.
[15] Caro Baroja, Julio y AA.VV: Historia General del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca-Haranburu Editor, Volumen XII, Donostia, 1981.
[16] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): Historia de Euskadi. El Nacionalismo y ETA, Ruedo Ibérico, 1977.
[17] Euskadiko Ezkerra se constituyó para las elecciones del 15 de junio de 1977 era una coalición formada por los partidos EIA y EMK (Movimiento Comunista de Euskadi). Este último partido en 1978 abandonó la coalición, quedándose EIA con la marca electoral.
[18] Herri Batasuna (Unidad Popular) era una coalición formada por los siguientes partidos: ANV, ESB, HASI y LAIA.
[19] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.
[20] El País, 23-6-1979.
[21] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 2º La ofensiva de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.
[22] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.
[23] EBB: Acrónimo de Euskadi Buru Batzar. Es el órgano ejecutivo del PNV.
[24] El País, 13-7-1979.
[25] Casanova, Iker: ETA 1958-2008. Medio siglo de historia, Txalaparta, Tafalla, 2007.
[26] KAS: Koordinadora Abertzale Sozialista. En ese momento era un organismo formado por partidos políticos HASI, LAIA, la organización ASK y KAS Emakumeak.
[27] EHBN es el acrónimo de Euskal Herriko Biltzarre Nazionala o Asamblea Nacional Pueblo Vasco.
[28] ETA político-militar a principios de 1977 creo el partido EIA poniendo en práctica lo aprobado en su VII Asamblea. Actuaban en total coordinación y marcaban la línea política que tenía que llevar a cabo la marca electoral Euskadiko Ezkerra.
[29] Egido, José Antonio: Viaje a la nada. Principio y fin de Euskadiko Ezkerra, Txalaparta, Tafalla, 1993.
[30] El término bloque político-militar ha sido utilizado por diferentes investigadores e historiadores a la hora de englobar a las organizaciones EIA, EE y ETA pm.
[31] Letamendia Belzunce, Francisco (Ortzi): El No Vasco a la Reforma, 1º La consolidación de la reforma, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1979.
[32] Giacopuzzi, Giovanni: ETA. Historia política de una lucha armada 2ª parte, Txalaparta, Tafalla, 4ª edición, 2001.
[33] Eldiario.es, 27-1-2019
Este artículo actualizado ahora lo puedes encontrar en el nuevo blog de Mikel Castrillo Urrejola. Para poder leerlo, solo tienes que pinchar en este enlace:
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Hay una placa sencilla en una de las columnas del Ayuntamiento de Olite (Navarra) en la que da se puede leer la frase que da título a esta reseña y que recoge el nombre de 50 asesinados tras el golpe militar del 18 julio de 1936.
Para quien no conozca Olite: es un pueblo situado en la Navarra Media, al sur de Tafalla, que en la actualidad no supera los 4.000 habitantes y que cuando se produjo el golpe militar apenas tenía 3.000 habitantes. Esto quiere decir que los sublevados asesinaron a más del uno por ciento de la población, en un territorio donde no hubo ni un kilometro de frente de batalla.
En la merindad de Estella (Navarra) hay un pueblo que se llama Sartaguda, pero que es conocido por el pueblo de las viudas. No es necesario que profundice más sobre el sobrenombre. En esta localidad se dio una tasa de 67,6 asesinatos por cada 1.000 habitantes y según los estudios que se han realizado calculan que asesinaron al 40% de los votantes masculinos del Frente Popular.
En agosto de 1936, los falangistas y requetés detuvieron a Maravillas Lamberto Yoldi de 14 años de edad y a su padre en la localidad de Larraga. Ambos fueron asesinados, pero previamente violaron a Maravillas Lamberto en las dependencias del Ayuntamiento. Todo fuera por la cruzada para imponer el nacional-catolicismo.
Podría seguir recordando los asesinados que fueron tirados por los precipicios de la Sierra de Urbasa o los que se quedaron en las cunetas de los caminos que recorren el Viejo Reino, pero esa labor ya la han realizado y de forma muy meritoria otras personas que a través de magníficos trabajos de investigación han publicado un elenco de obras y publicaciones que nos han ayudado a hacer una composición de lugar de lo que pasó en los meses siguientes al golpe militar de julio de 1936.
En Navarra la represión se cebó con socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas y con todo aquel que tuviera algún gen demócrata en su ADN. Para ello Navarra fue uno de los epicentros del golpe militar. La II República no tuvo mejor ocurrencia que para alejar al golpista Mola de Madrid y que no pudiera conspirar desde la capital, lo nombró gobernador militar de Navarra al mando de la 12ª Brigada de Infantería. El lugar perfecto para que pudiera organizarse y coordinarse con los requetés navarros que llevaban tiempo preparándose como organización paramilitar, introduciendo armamento suministrado por los fascistas italianos a través de Bera y de todo el Pirineo navarro. Ya unos días antes a que se produjese la sublevación Dolores Ibarruri informó de todos estos hechos a Casares Quiroga, Presidente del Gobierno. El alcalde de Estella durante la II República, el nacionalista vasco Fortunato de Aguirre, también avisó en diversas ocasiones de las actividades de Mola y los requetés, llegando a hablar con Casares Quiroga pero para variar, los republicanos seguían en babia.
Los siguientes 40 años tampoco fueron de color de rosa para todos aquellos navarros y navarras que con inquietudes políticas querían luchar en contra de la ilegalidad establecida mediante el golpe militar y para ello Navarra tiene otro record en lo concerniente a la represión. Un hijo del pueblo de Uxue, localidad de la Navarra Media, Jacinto Ochoa Marticorena, tiene el “privilegio” de haber sido el preso político que más años estuvo en las cárceles franquistas. 26 años y 10 meses. Previamente tuvo dos condenas de muerte, que le fueron conmutadas por largas penas ¿delito? ser militante comunista y haber luchado contra el fascismo.
No cabe ninguna duda que la represión fue brutal en todo el Estado, pero en un día tan señalado como hoy he querido hacer este comentario de lo que supuso en Navarra porque tengo la sensación que las demás autonomías perciben a Navarra como una comunidad conservadora, tradicional. Igual tengo una percepción equivocada, pero la he experimentado en varias ocasiones. Lo que ocurre es que, desde la muerte del dictador, en Navarra ha habido algunas personas que aunque se definen como de izquierdas, sólo han sido unos colaboradores de los herederos de la represión franquista, todo ello para no dejar de ser un pilar del Régimen heredero del franquismo.
Sin embargo Navarra ha sido una tierra de luchadores por la libertad mucho antes que se creara el Reino de Navarra. Desde que los vascones sacaran a pedradas y palos a las huestes de Carlo Magno a su paso por el collado de Ibaeta (Roncesvalles) allá por año 778, pasando por la lucha por defender al Viejo Reino de la invasión castellana, manteniendo viva su llama para evitar la asimilación, por no hablar de las guerras carlistas en la defensa de los derechos históricos de Navarra., la lucha por la defensa del comunal y del campesinado navarro saliendo al paso de las tropelías de hacendistas explotadores.
Por eso, hoy, día 18 de julio, quitando las localidades que celebren la onomástica de Santa Marina, no hay nada que celebrar y mucho que recordar porque como bien dice la placa que hay en el Ayuntamiento de Olite “Olvidaron que los muertos tienen vivos y los vivos memoria”.
El próximo día 3 de marzo se cumplirán cuarenta y tres años de los sucesos de Vitoria-Gasteiz. Los hechos trágicos que ese día se produjeron son de sobra conocidos, aunque si hay alguien que, a día de hoy los desconozca, realizaré un breve resumen. El proceso de la Reforma política desde un primer momento se encargó de forma premeditada que estos hechos, como otros muchos, cayesen en el olvido con la finalidad de hacer un lifting al franquismo (no olvidemos que estos sucesos sucedieron tres meses después de la muerte de Franco) y al posfranquismo para iniciar un proceso de reescritura de la historia en el momento oportuno. De esa forma intento contribuir, de forma modesta, a que estos hechos no queden en el olvido y sirvan como testimonio a la hora de hacer el relato histórico de esa época; porque un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo.
El día 3 de marzo de 1976 se había convocado la tercera huelga general que paralizó totalmente la ciudad de Vitoria-Gasteiz, producto de las luchas obreras que se estaban dando en esas fechas. La clase trabajadora de esta ciudad llevaba más de dos meses de huelga y movilizaciones, con anterioridad ya había habido dos días de huelga general. El día 3 de marzo Vitoria-Gasteiz amaneció con la convocatoria de la tercera huelga general con la total paralización de la actividad en la ciudad. Antes de que sucedieran los graves acontecimientos en el barrio de Zaramaga ya se habían producido algunos enfrentamientos con la policía, habiendo habido algunos manifestantes heridos de bala. Pero eso no era nada comparado con lo que iba a ocurrir ese mismo día a las 5 de la tarde. A esa hora había convocada una asamblea general informativa de trabajadores de la ciudad en la iglesia de San Francisco de Asís en el barrio de Zaramaga. Las asambleas se realizaban en las iglesias al ser un lugar seguro pues, según el Concordato que tenía el Estado español con la Santa Sede, la policía no podía entrar en los templos religiosos y los párrocos de los barrios obreros solían permitir este tipo de reuniones. La policía de forma deliberada dejó que se llenase la iglesia. En ella había alrededor de cinco mil personas y un número superior en el exterior. Una vez que se estaba realizando la asamblea en el interior del templo la policía intentó desalojar la iglesia, acción que fue impedida por el párroco. A partir de este momento la policía utilizó gases lacrimógenos lanzándolos al interior de templo y también utilizó armas de fuego para reprimir a las personas que salían despavoridas del interior de la iglesia. Como consecuencia de la brutal represión murieron cinco trabajadores. Todos por disparos de bala que fueron efectuados por la policía armada. Las conversaciones de la policía por la emisora no dejaron lugar a dudas: “¡J-3 para J-1! Manden fuerza para aquí. Ya hemos disparado más de mil tiros.- ¿Cómo está por ahí el asunto?-Te puedes figurar, después de tirar más de mil tiros y romper la iglesia de San Francisco… Te puedes imaginar cómo está la calle y cómo está todo.- ¡Muchas gracias, eh! ¡buen servicio! -dile a Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre. Cambio.- De acuerdo, de acuerdo.- Pero de verdad: una masacre”. Esta masacre inspiró a Lluis Llach para componer el tema “Campanades a morts” en homenaje a los cinco asesinados.
La respuesta a estos gravísimos hechos fueron jornadas de huelgas y protestas que se extendieron a todo Euskal Herria y a otros puntos del Estado español. Como consecuencia de esas protestas hubo dos muertos más: uno en Basauri (Bizkaia) y otro en Tarragona (Cataluña) por disparos de la policía.
Pero las preguntas que nos debemos hacer son: ¿Cómo se llegó a esa situación?, ¿cuál era la dinámica que seguía el movimiento obrero en esos momentos?, ¿La represión que ejerció el gobierno de Arias Navarro fue casual o, por el contrario, tenía una finalidad concreta?
Para contestar a la primera pregunta esta situación hay que enmarcarla dentro del Proceso de Reforma que se estaba viviendo en el Estado español. No hacía ni cuatro meses que Franco había muerto y el Estado español estaba inmerso en una crisis económica que se venía arrastrando desde hacía varios años. Era la famosa crisis del petróleo a la que en el Estado español había que añadir la crisis estructural y política que se estaba viviendo. Eran las consecuencias del Plan de Estabilidad franquista. El Gobierno había aprobado un decreto de congelación salarial y en ese momento los únicos representantes legales de los trabajadores eran los enlaces y jurados sindicales pertenecientes al Sindicato Vertical. Ello llevó a los trabajadores a organizarse entorno a una Plataforma reivindicativa para iniciar un proceso de lucha que desembocó en las huelgas en los primeros días de enero de ese año con una tabla de reivindicaciones. Una vez que se inicia la huelga, la patronal responde con despidos. A partir de ese momento se inicia la organización de un movimiento obrero que será el motor de las luchas que se dieron en todas las fábricas de la ciudad y que acabaría desembocando en los sucesos del día 3 marzo.
Por lo que respecta a la segunda pregunta: ¿Cuál era la dinámica que seguía el movimiento obrero en esos momentos? Hay que recordar que en las postrimerías del franquismo, y cuando empieza a dar los primeros pasos el proceso de reforma política, en Euskal Herria se estaba viviendo un movimiento asambleario de gran importancia en diferentes campos. La clase trabajadora se estaba organizando en asambleas, lo que venía a ser una negación de la legalidad existente, pues se organizaban y negociaban al margen de los representantes sindicales del Sindicato Vertical, pero, sin duda alguna, lo más importante es que los sindicatos de trabajadores, que en ese momento eran ilegales, son superados por la organización obrera desde la base. Este movimiento asambleario que se daba en las fábricas, barrios, etc… tendrá una importancia fundamental porque estas luchas obreras asamblearias superaron las reivindicaciones del tipo salarial para convertirse en una lucha global en la que se planteaban reivindicaciones de mayor calado. Pues bien, en este contexto hay que entender la lucha que llevaron los trabajadores y trabajadoras de Vitoria-Gasteiz. Las asambleas de fábrica se vieron superadas por las asambleas del conjunto de fábricas, asambleas de mujeres de obreros en paro, asambleas de barrio, etc. Era un proceso acumulativo en el que la lucha se adueñaba de todos los aspectos de la vida, un puro ejercicio de contrapoder popular. Todo un movimiento que desbordaba a los partidos y sindicatos democráticos que luchaban en la clandestinidad.
A final del franquismo en Euskal Herria se vivía una eclosión de organizaciones políticas y sindicales con un grado muy grande de heterogeneidad y gran riqueza ideológica y organizativa que contribuyó, sin lugar a dudas, a que las diferentes vanguardias políticas delegasen el poder en las asambleas. Vitoria-Gasteiz no fue el único lugar donde se dieron experiencias similares. En el entorno de Donostia, Valle del Urola, Alto Deba, zona industrial de Pamplona, etc… hubo experiencias donde la lucha obrera, a través de las asambleas, tuvieron una importancia muy importante pues se erigieron en representantes de los trabajadores a la hora de negociar con la patronal y de globalizar las diferentes luchas (laborales, sociales, urbanas, ecologistas) con una finalidad: deslegitimar el Régimen político existente. En este periodo la incidencia de las organizaciones que posteriormente han sido legitimadoras del proceso de Reforma (UGT, CCOO, PSOE, PCE y PNV) era mínima.
Todo esto nos lleva a dar respuesta a la última pregunta que he realizado ¿La represión que ejerció el gobierno de Arias Navarro fue casual o, por el contrario, tenía una finalidad concreta?
Sin duda alguna el Régimen no actuó de forma casual. Sabía lo que se jugaba en el conflicto existente en Vitoria-Gasteiz. La lucha de la clase obrera superaba las meras reivindicaciones salariales producto de la pérdida de poder adquisitivo de las capas populares para realizar una serie de exigencias mucho más amplias (desde la reducción de la jornada laboral, días de vacaciones, edad de jubilación, etc…). Habían deslegitimado y negado la representatividad de los representantes sindicales del Régimen y el modelo organizativo (asambleario) era el embrión de algo que el Régimen no iba a tolerar: la creación de contrapoder popular.
Son diáfanas las palabras del que en ese momento era ministro de Gobernación, Manuel Fraga. Frases como “Fue el punto más alto de la presión intentada por la izquierda en la calle para formar un Gobierno provisional como en 1931” o «aquello de Vitoria había que aplastarlo porque estaba dirigido por dirigentes que manipulaban a la clase trabajadora y eran pequeños soviets que se estaban gestando y había que extinguirlos». Tampoco debe de pasar desapercibido que el proceso de industrialización en Álava, entorno a la capital, era reciente si lo comparamos con el resto de Euskal Herria. Este proceso se inicia en la década de los 50 del siglo XX, lo que conllevó una llegada de mano de obra inmigrantes de otras zonas del Estado español que no tenían una experiencia en conflictos laborales ni en luchas de este tipo. Este dato tampoco pasa desapercibido al Régimen que quiere cortar de raíz cualquier conflicto de estas características para que no quedara lugar a dudas quien tenía el monopolio del poder coercitivo. Por tanto, es un intento de intimidar y domesticar a la incipiente lucha obrera que surge en esta ciudad, para que no se convierta en otro foco de resistencia al proceso de metamorfosis del Régimen franquista.
Vitoria-Gasteiz fue símbolo de la victoria y derrota del movimiento asambleario. Victoria por todo el proceso histórico acumulativo que llevó a que las protestas asamblearias desbordaran la fábrica para adueñarse de todos los aspectos de la vida, realizando un ejercicio de contrapoder popular. Derrota porque esta experiencia naufragó en tanto en cuanto a corto-medio plazo se acabó imponiendo la política sindical de las organizaciones sindicales que un año después firmaron con el régimen los Pactos de la Moncloa.
Mikel Castrillo Urrejola 